Obligación de las comunidades al cumplimiento de las leyes de accesibilidad.

La ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, fija que todos edificios mejoren su accesibilidad para personas mayores o con discapacidad.

Esta ley fija, además, la obligación para las comunidades de vecinos de obtener un Informe de Evaluación de Edificios (IEE) para acreditar que su edificio cumple con la normativa vigente. El plazo de aplicación terminó el pasado 4 de diciembre de 2017.

Los aspectos relativos a la eliminación de barreras arquitectónicas se encuentran regulados en diferentes leyes y decretos que afectan a todo tipo de edificios, tanto públicos como privados

Entre otras leyes está la Ley 8/2013, de 26 de junio, sobre la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Esta última reforzaba el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre accesibilidad, que garantizaba la promoción de la accesibilidad universal definiendo, entre otros, los conceptos de “Accesibilidad Universal”(condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible) y “Ajustes razonables” (modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad).

Básicamente, esta ley sirve para crear un marco legal no sólo para eliminar las barreras arquitectónicas, sino para establecer las condiciones básicas de accesibilidad de todos los edificios residenciales y públicos. Además de a las viviendas, la Ley 8/2013 también ampara el acceso a todas las zonas comunes de las comunidades de vecinos (jardines, piscinas, salas de reunión, garajes o trasteros).

Hasta la fecha, cualquier vecino con una discapacidad (o su tutor legal correspondiente) o que sea mayor de 70 años puede exigir llevar a cabo obras de accesibilidad.

El plazo para cumplir con estas adaptaciones y ajustes razonables terminó el pasado 4 de diciembre de 2017, por lo que aquellas fincas que no hayan eliminado sus barreras arquitectónicas se enfrentan multas que van desde los 301€ a 30.000€ las más leves, siendo de entre 60.001€ y 90.000€ las graves, y de hasta 1.000.000€ las más graves.

Las denuncias por el incumplimiento de esta Ley deben presentarse ante la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, siendo el Ministerio de Sanidad y los Servicios Sociales e Igualdad, con rango de Dirección General, los organismos encargados de su aplicación.

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